La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de desplegar 25.000 soldados en la región fronteriza del Catatumbo —supuestamente para proteger la soberanía nacional y enfrentar a los grupos armados— no puede interpretarse como un acto de seguridad interna mesurado.

Es, más bien, una alineación descarada con el narcoestado de Nicolás Maduro, una provocación cínica frente a Washington y una jugada temeraria que podría dejar a Colombia expuesta bajo la legislación estadounidense contra el narcotráfico. Días atrás, Petro confirmó que estas tropas ya están en el Catatumbo y señaló que continuará la militarización de la zona “para reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Nicolás Maduro, por su parte, no perdió tiempo en agradecer, calificando el movimiento como una defensa conjunta de la paz y los territorios, reforzando la absurda idea de que este despliegue protege la soberanía. En pocas palabras: el gesto de Petro hacia Maduro está lejos de ser inocente.

Es imposible ignorar cómo esta maniobra va directamente en contra de la política establecida de los Estados Unidos. Washington ha señalado —con toda razón— al régimen de Maduro como un narco-régimen que protege a narcotraficantes y encubre al infame “Cartel de los Soles”. Sin embargo, Petro aparece públicamente reforzando la frontera justo cuando EE. UU. ha desplegado activos navales contra las redes de droga en el Caribe.

Su movimiento no solo transmite indiferencia ante la presión estadounidense, sino un abierto desprecio. Desde una perspectiva conservadora, no existe término más condenatorio en la ley estadounidense que “aiding and abetting” el narcotráfico, es decir, ayudar e instigar. El abrazo de Petro a la “coordinación” con Maduro —y su reforzamiento de señales militares conjuntas— equivale a brindar apoyo, o al menos consentimiento tácito, a un actor delictivo conocido. No es exagerado afirmar que, a los ojos de las autoridades estadounidenses, Petro podría estar ingresando al terreno de auxilio y complicidad con un narco-fugitivo.

En el ámbito interno, la apuesta militarista de Petro refleja un preocupante desvío de la gobernanza hacia la lógica del cuartel. Es cierto que el conflicto en Catatumbo ha sido letal —más de 100 muertos, decenas de miles de desplazados, niños sin educación y comunidades atrapadas por la violencia—. Pero el remedio a décadas de abandono histórico y fracasos en procesos de paz no puede ser, otra vez, una columna de tanques.

Una Catatumbo militarizada corre el riesgo de agravar el desplazamiento, el trauma civil y la desestabilización regional —sin olvidar los antecedentes de las Fuerzas Armadas colombianas causando daños colaterales a comunidades inocentes—. Además, la suspensión por parte de Petro de la extradición del disidente de las FARC “Mocho Olmedo” como táctica de negociación ya había levantado serias alarmas en Washington. Ahora, el presidente redobla la militarización mientras estrecha lazos sospechosos con uno de los autócratas más repudiados del hemisferio.

El argumento de Petro —defender la soberanía— suena peligrosamente vacío cuando sus acciones lo alinean con un régimen que el mundo reconoce como corrupto, criminal y antidemocrático. La soberanía no se demuestra con desfiles militares; se demuestra protegiendo a los ciudadanos, aplicando el Estado de Derecho y resistiendo la influencia maligna del exterior.

Pero Petro, en cambio, repite la propaganda de Maduro, disfrazando esta coordinación transfronteriza como “paz”, mientras la credibilidad de su propia nación se erosiona. Desde un punto de vista conservador, defender el interés nacional incluye fidelidad a los aliados y respeto a los principios de legalidad. Socavar la política de EE. UU., envalentonar a una narco-dictadura y colocar a las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones cívicas no son actos de soberanía fuerte, sino gestos de complacencia.

A los ciudadanos de Colombia: pregúntense, ¿esto se siente como protección? ¿O más bien se percibe que Petro está jugando un juego ideológico riesgoso, donde la legitimidad del Estado se subordina a la experimentación radical y la postulación internacional?

A los Estados Unidos: Este acto de Petro es una alineación velada con un régimen que ustedes han condenado justamente. Es momento de revaluar los marcos de cooperación con Bogotá. Y si las leyes estadounidenses contra la facilitación del narcotráfico significan algo, Petro debe ser considerado responsable por acciones que lo vinculan con esas mismas fuerzas criminales.

Que Petro no se equivoque: para los Estados Unidos, el concepto de aiding and abetting no es un tecnicismo, es un martillo legal que ha derribado gobiernos, carteles y cómplices por igual. Si persiste en abrazar al narco-régimen de Maduro, no será visto como un mediador inocente, sino como un colaborador activo de un Estado criminal.

Y bajo esa luz, Petro mismo puede terminar tratado como lo que aparenta ser: un facilitador del narcotráfico internacional. Washington tiene la obligación moral y jurídica de proteger sus fronteras y su seguridad nacional; si ello implica sancionar, aislar o incluso investigar al presidente de Colombia, que así sea. Petro debe elegir: o rectifica de inmediato, o quedará marcado para siempre como un mandatario que vendió la soberanía de su país a cambio de complicidad con un narcoestado.