Cada día que pasa se hace más evidente la desesperación fiscal del gobierno. Ya no estamos frente a un plan tributario ordenado ni a una estrategia de sostenibilidad estructural. Estamos frente a una búsqueda frenética de caja, como si se tratara de un naufragio financiero en plena tormenta preelectoral. El problema es simple: ya se gastaron todo. Y no hay nada que mostrar.

Con elecciones a un año, y con una ejecución presupuestal que no alcanza ni para discurso, el gobierno necesita recursos con urgencia. Pero como no tiene cómo demostrar gestión, ni obra pública, ni eficiencia, entonces solo le queda una cosa: sangrar lo que queda en pie.

Y ahí entra en escena la DIAN, no como autoridad técnica, sino como brazo de presión fiscal al servicio de una necesidad política. Lo que están haciendo con Ecopetrol lo confirma. La medida es jurídica y fiscalmente insostenible, pero revela mucho más: la prioridad no es la legalidad, sino la liquidez.

El cobro retroactivo de IVA sobre importaciones entre 2022 y 2024 no es una fiscalización legítima: es una maniobra desesperada, una reinterpretación retroactiva que rompe el principio de legalidad tributaria, vulnera la confianza legítima del contribuyente y afecta directamente el valor patrimonial de una sociedad mixta cotizada en bolsa. No hay precedente serio que avale una medida de esa naturaleza sin un soporte legal robusto, y mucho menos cuando compromete a una empresa con accionistas privados, ob…

Esto no es una discusión menor. Es jurídicamente riesgoso e institucionalmente regresivo. A eso súmele el famoso decreto —en stand-by— con el que planean aumentar las retenciones en la fuente sin pasar por el Congreso. Una joya de inconstitucionalidad por vía ejecutiva. Y así seguirán: decreto tras resolución, resolución tras concepto, todo con un solo objetivo: exprimir lo que se pueda antes de que la Corte o los jueces detengan la hemorragia legal.

Lo que viene, con absoluta certeza, es una seguidilla de medidas similares: reinterpretaciones de criterios contables, presiones administrativas sobre empresas mixtas, y cambios en normas reglamentarias sin soporte legislativo. Todo se justifica desde la urgencia. Pero nada se sostiene desde la Constitución.

Y mientras tanto, al director de la DIAN lo tienen como venado tiroteado: obligado a diseñar “creatividades jurídicas” que rayan con el abuso normativo. El país necesita una DIAN técnica, autónoma, confiable. No un aparato de recaudación de emergencia guiado por agendas electorales. Porque por más que se esfuercen en inventar, no hay alquimia fiscal que reemplace el vacío que deja una gestión fallida.

La pregunta ya no es qué otra medida sacarán. La pregunta es: ¿de dónde piensan sacar la plata cuando esto tampoco funcione? Porque la inversión está estancada, la economía desacelerada, el gasto público sobredimensionado y la confianza agotada.

El país necesita reformas, sí. Pero necesita que sean serias, constitucionales, sostenibles y técnicamente viables. No puede seguir funcionando a punta de improvisación fiscal, ni a punta de presión sobre las mismas empresas de siempre. La legitimidad de la política tributaria no se impone: se construye. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario.

Porque lo que se está cayendo no es solo la caja del Estado.
Es la credibilidad institucional.