Veinticuatro bombas explotaron en Cali, ocho personas murieron, decenas resultaron heridas, y mientras los caleños recogían los pedazos de cristal y los restos de sus vidas destrozadas, en redes sociales -y por instrucciones desde la Casa de Nariño- ya tenían lista la explicación perfecta: la culpa es del uribismo porque todo este caos le conviene. Así de simple, así de conveniente, así de indignante.

Los petristas han descubierto la fórmula perfecta de la exculpación: toda crisis que favorece al adversario político resulta, por sí misma, ajena a la responsabilidad del gobernante. Como si el criminal pudiera alegar inocencia argumentando que su crimen beneficia al fiscal.

¿Cómo es posible que el presidente que prometió la «paz total» tenga que explicar por qué su país se está desangrando? Fácil: inventando enemigos. Mientras Miguel Uribe Turbay lucha por su vida en cuidados intensivos después de recibir tres balazos de un sicario de 14 años, la maquinaria de la narrativa petrista ya había encontrado al culpable: el paramilitarismo, las fuerzas oscuras, el uribismo. Todo menos reconocer que Colombia está viviendo una pesadilla de violencia bajo su mandato.

La lógica es tan absurda que roza lo delirante: las FARC y el ELN, esos mismos grupos que fueron golpeados duramente por las políticas de seguridad de Álvaro Uribe, ahora estarían atacando a Petro para favorecerlo. Es como si un ladrón le pegara a la policía para ayudar al fiscal que lo persigue. Pero en la Colombia de las narrativas mágicas, de los últimos Aurelianos y las mariposas amarillas de la dialéctica de Lao Tse, todo es posible cuando se trata de proteger la imagen presidencial.

Este circo mediático tiene un libreto predecible. Cada vez que estalla una bomba, cada vez que asesinan a un líder social, cada vez que las disidencias masacran campesinos, la respuesta es la misma: «Esto no es casualidad, hay una mano negra detrás, quieren desestabilizar el gobierno del cambio». Y así, el presidente que debería asumir la responsabilidad de proteger a los colombianos se convierte en una víctima más que necesita ser protegida de los colombianos.

La estrategia es diabólicamente efectiva porque invierte la carga de la prueba. Si las cosas van mal, no es porque el gobierno esté fallando; es porque hay fuerzas perversas que quieren que las cosas vayan mal. Si un precandidato presidencial recibe tres tiros, no es porque la seguridad haya colapsado; es porque alguien quiere que parezca que la seguridad colapsó. Es el gobierno del «no fui yo, fue el otro», elevado a arte.

Pero esta gimnasia mental tiene un costo humano brutal. Mientras Petro y sus voceros se ejercitan en crear teorías conspirativas, los muertos se acumulan, los heridos sangran, y las familias lloran. Los comerciantes de Cali que vieron explotar sus negocios no necesitan explicaciones sobre complots uribistas; necesitan que el Estado los proteja. Los padres que perdieron hijos en los atentados no requieren lecciones de ciencia política; requieren justicia y seguridad.

La «paz total» se ha convertido en la mentira más cara de la historia colombiana. Mientras el presidente negocia con los mismos grupos que ponen bombas, mientras les ofrece beneficios a quienes siembran terror, mientras les da estatus político a quienes deberían estar en la cárcel, Colombia vive una regresión hacia sus épocas más violentas. Y la respuesta oficial es siempre la misma: «La culpa es de todos, menos de quien gobierna».

Es fascinante y aterrador cómo funciona esta máquina de exculpación. Cada fracaso se convierte en evidencia de la conspiración. Cada muerto se transforma en una prueba más del sabotaje. Cada atentado se presenta como una operación de falsa bandera. Es el gobierno de la victimización perpetua, donde el poder ejecutivo actúa como si fuera una ONG de derechos humanos denunciando atropellos desde la oposición.

La paradoja es tan grotesca que ofende la inteligencia. Estamos hablando de organizaciones criminales que durante décadas fueron el enemigo mortal del uribismo, que fueron perseguidas, bombardeadas y debilitadas por las políticas de seguridad democrática. Ahora, según la narrativa petrista, esos mismos grupos estarían trabajando para favorecer a sus verdugos históricos. Es como si los nazis hubieran estado trabajando secretamente para Churchill.

Y mientras tanto, la realidad se impone con la brutalidad de las bombas. Los números no mienten: Colombia está más violenta que nunca. Los grupos armados tienen más poder que nunca. Los narcotraficantes controlan más territorio que nunca. Los homicidios aumentan, los secuestros se multiplican, el país se desangra. Pero según la versión oficial, todo esto es culpa de quien ya no gobierna, no de quien lleva casi tres años gobernando.

La pregunta que debería hacerse todo colombiano es simple: ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos tomen por idiotas? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el presidente se comporte como un comentarista de televisión analizando la realidad desde afuera, en lugar de como el responsable constitucional de transformarla desde adentro?

Miguel Uribe Turbay está en cuidados intensivos no por una conspiración cinematográfica, sino porque un adolescente armado pudo acercarse a él y dispararle sin que nadie lo impidiera. Las familias de Cali lloran a sus muertos no por un montaje mediático, sino porque grupos criminales tienen la capacidad operativa de coordinar 24 ataques simultáneos sin que el aparato de seguridad del Estado pueda detenerlos.

Colombia necesita un presidente que actúe, no que balbucee tonterías que solo persuado a bobos. Que proteja, no que justifique. Que asuma responsabilidades, no que las delegue a través de teorías conspirativas. Los colombianos eligieron un transformador de la realidad, no un narrador de excusas. Eligieron un comandante en jefe, no un activista político con excesos de joven universitario.

La maquinaria de narrativas puede funcionar en los medios afines, puede convencer a los convencidos, puede generar trending topics en redes sociales. Pero no puede resucitar muertos, no puede curar heridos, no puede devolver la tranquilidad a las familias aterrorizadas. Los espejos de humo se rompen cuando la realidad los golpea, y la realidad de Colombia está manchada de sangre inocente.

Es hora de que Petro entienda que gobernar no es tuitear, que presidir no es victimizarse, que liderar no es culpar. Colombia se está muriendo mientras su presidente construye castillos narrativos en el aire. Y los muertos, por más historias que se inventen, siguen estando muertos.