La situación de seguridad en Colombia ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, evidenciado por el aumento de la violencia y la expansión de grupos armados ilegales en diversas regiones del país. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y los acuerdos de paz, la realidad en el terreno muestra una complejidad creciente que afecta gravemente a la población civil.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron 719 víctimas por artefactos explosivos, lo que representa un incremento del 89% respecto al año anterior. Además, los casos de confinamiento aumentaron en un 102%, afectando a 88.874 personas, principalmente en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño. Estas cifras reflejan la intensificación de los conflictos armados y la falta de control estatal en amplias zonas del país.

Human Rights Watch ha denunciado que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC han expandido su control territorial, financiándose mediante el narcotráfico y la minería ilegal. Estas organizaciones cometen abusos como asesinatos, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos masivos, afectando a más de la mitad de los municipios colombianos.

La situación es particularmente crítica en regiones como el Catatumbo y el Chocó, donde la disputa entre grupos armados ha generado crisis humanitarias. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han desplazado a más de 50.000 personas. En el Chocó, la gobernadora ha denunciado la falta de presencia estatal y la necesidad de una estrategia integral para enfrentar la violencia.

Es evidente el fracaso de la política de «paz total». La expansión de los grupos armados y la persistencia de la violencia indican que las medidas adoptadas no han sido suficientes para garantizar la seguridad de la población. La combinación de una política de paz cuestionada, unas fuerzas militares a la defensiva y una estrategia reactiva, da como resultado esta situación que recuerda a los peores momentos vividos en los 80 y 90 del siglo XX.

En conclusión, la situación de seguridad en Colombia requiere una atención prioritaria y un enfoque integral que combine acciones militares, políticas sociales y fortalecimiento institucional. Solo mediante un compromiso real y sostenido será posible revertir la tendencia actual y construir un país más seguro y justo para todos sus habitantes. ¿Será momento de una reforma a las instituciones de seguridad del país?

Informe CIRC

https://www.icrc.org/es/publicacion/retos-humanitarios-2025-colombia