El reciente anuncio del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, proponiendo un recorte del 50% en la asistencia económica a Colombia, no debe verse como un simple ajuste presupuestal, sino como un golpe directo —y merecido— al gobierno de Gustavo Petro. No a Colombia, sino a su gobierno. Esta medida, impulsada desde un Congreso en su mayoría republicano, representa un claro rechazo a las políticas desastrosas de una administración que ha insultado, ninguneado y traicionado a uno de nuestros principales aliados históricos en nombre de un proyecto ideológico fracasado.

Desde su llegada al poder, Petro ha gobernado como si el Estado colombiano le perteneciera. Ha preferido agitar las banderas del marxismo, abrazar dictaduras socialistas, atacar al sector productivo y destrozar el orden institucional en nombre de una “transformación” que no ha traído más que caos, inseguridad, inflación, y una peligrosa alianza con el crimen organizado y regímenes totalitarios. ¿Qué esperaba que hiciera Estados Unidos? ¿Seguir financiando a un gobierno que en cada discurso ataca los valores de la libertad, la propiedad privada y la democracia representativa?

El Partido Republicano, hoy mayoría en la Cámara, entiende perfectamente lo que representa Petro: una amenaza a la seguridad hemisférica. Un líder populista con delirios mesiánicos que desmonta la lucha contra el narcotráfico, debilita a las Fuerzas Armadas, sabotea la inversión privada y promueve el adoctrinamiento ideológico en las aulas. Y como si eso fuera poco, ahora se escuchan graves denuncias sobre consumo de sustancias psicoactivas al interior del alto gobierno, incluyendo al propio presidente. El desgobierno no es sólo ideológico: es moral, físico y ético.

Estados Unidos no puede seguir enviando recursos a un país cuyo gobierno traiciona los principios por los cuales esa ayuda fue concebida. Bajo administraciones anteriores, principalmente la de Uribe, Colombia demostró ser un socio confiable en la lucha contra las drogas, el fortalecimiento institucional y la seguridad regional. Pero con Petro al mando, Colombia se ha convertido en un peón de China, un cómplice de Cuba, y un aliado silencioso de Maduro. El viraje hacia la izquierda autoritaria ha sido tan descarado como peligroso.

El recorte de ayuda estadounidense tendrá consecuencias serias: menos recursos para la lucha antinarcóticos, menos apoyo para el desarrollo rural, y menos cooperación en defensa y seguridad. Pero la responsabilidad no es de Washington: es de Bogotá. Es del Palacio de Nariño, donde hoy reina el desorden, la improvisación y una peligrosa tolerancia al crimen disfrazada de “paz total”. La comunidad internacional —especialmente aquellos países que aún creen en la libertad y el orden— no puede seguir financiando el colapso de Colombia.

El enfoque de Petro ha sido claro desde el principio: desmantelar el modelo republicano colombiano y reemplazarlo por un experimento de izquierda trasnochada. Un gobierno que justifica la violencia de los grupos armados, ataca a la empresa privada y desprecia a las familias tradicionales difícilmente puede esperar solidaridad de las naciones que han construido sus democracias sobre el respeto a la ley, la moral y la responsabilidad individual.

Peor aún, los informes —cada vez más numerosos y creíbles— de abuso de drogas dentro del alto gobierno confirman lo que muchos temían: Colombia está siendo gobernada por una élite intoxicada, no sólo de ideología radical, sino también, literalmente, de sustancias psicoactivas. ¿Cómo puede un país aspirar a seguridad jurídica, estabilidad económica y respeto internacional si quienes toman decisiones no están en pleno uso de sus facultades?

La derecha colombiana y latinoamericana debe tomar nota. Estados Unidos ya reaccionó. Ahora nos corresponde a nosotros defender la soberanía, la economía de mercado, el orden público y los valores familiares que han sido pisoteados por este gobierno. No podemos seguir permitiendo que un falso redentor, rodeado de incompetentes y activistas disfrazados de ministros, destruya lo que décadas de sacrificio han logrado construir.

Esta columna de opinión no es un llamado al caos, sino a la acción democrática. A la unidad de los sectores patrióticos, conservadores y republicanos de Colombia para detener la embestida ideológica de un régimen que, si no se frena, nos conducirá por el mismo camino que ya recorrieron Venezuela y Nicaragua. Ya lo vimos con Chávez: primero llega el discurso populista, luego el ataque a la institucionalidad, y finalmente el colapso total. Estamos a tiempo de impedirlo.

Petro no representa al pueblo colombiano. Representa una minoría radical que quiere imponerle al país un modelo que ha fracasado dondequiera que se ha intentado. Y el Congreso estadounidense —con justa razón— ha decidido no ser cómplice de ese experimento fallido. Es momento de recuperar el rumbo, de fortalecer la alianza con Estados Unidos, de reactivar la economía con libertad, y de decir con claridad: Colombia no será una nueva Cuba, ni una Venezuela andina.

El país merece un liderazgo serio, “sobrio”, con valores firmes y visión estratégica. No un circo ideológico ni un gabinete desorientado que confunde la Presidencia con una comuna hippie. La advertencia de Washington es clara. O recuperamos la razón y el orden, o nos enfrentaremos —solos— a las consecuencias de haber elegido la revolución en vez de la República.