El atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, no es solo un acto criminal: es un espejo que refleja la Colombia fracturada de hoy y la Colombia ensangrentada de ayer. Un país donde la oposición paga con balas el precio de disentir, donde la polarización se alimenta desde el poder, y donde los fantasmas de los años noventa —Galán, Jaramillo, Pizarro— resurgen para recordarnos que no hemos aprendido nada.

Miguel Uribe, crítico férreo del gobierno Petro, recibió disparos por la espalda durante un acto en el barrio Fontibón en Bogotá. Este hecho no es aislado: según la MOE, en 2025 se han registrado 206 asesinatos de líderes sociales y 47 amenazas a congresistas. La Fiscalía reporta una impunidad del 92% en delitos contra la oposición, mientras el gobierno insiste en desmantelar mecanismos de protección.

¿Cómo explicar que, en pleno siglo XXI, un precandidato deba temer más a las balas que al debate de ideas?

El Estatuto de la Oposición, exigido desde 1991, sigue siendo letra muerta. Petro, en vez de garantizar seguridad, ha normalizado un discurso que estigmatiza: llama “oligarcas” a sus críticos, tilda de “traidores” a los jueces que frenan sus excesos, y celebra como “héroes” a quienes bloquean instituciones. Este clima no es casual: es la antesala de la violencia política.

El presidente Gustavo Petro no es un espectador inocente. Sus arengas —“si toca ir a una huelga indefinida, el presidente se pondrá al lado del pueblo”— y su obsesión por imponer consultas populares inconstitucionales han convertido la política en un campo de batalla. En abril de 2025, afirmó en Barranquilla: “No se ataca a la clase media, pero sí a los enemigos del pueblo”. ¿Quiénes son esos “enemigos”? Para sus seguidores más radicales, cualquiera que lleve corbata y critique al gobierno.

Este lenguaje revive el guion de los años noventa, cuando el narcoterrorismo silenció voces incómodas. Hoy, con un 57.2% de informalidad laboral y un déficit fiscal del 6.8%, Petro prefiere incendiar la plaza pública antes que construir consensos. Su “paz total” ha sido, en práctica, una tregua para grupos armados que hoy controlan 800 municipios, mientras la oposición legítima recibe amenazas en vez de protección.

El paralelo es escalofriante. En 1990, tres candidatos presidenciales —Galán, Jaramillo, Pizarro— fueron asesinados. Hoy, Uribe Turbay, hijo de Diana Turbay (víctima de Escobar) y nieto del expresidente Julio César Turbay, yace en una cama de hospital. La historia se repite: balas en lugar de urnas, miedo en lugar de diálogo.

El ataque ocurre en una semana donde Petro intenta revivir su consulta popular rechazada por el Senado, usando decretos que violan el Art. 103 de la Constitución. ¿No es este el mismo desprecio por las reglas que llevó a Pablo Escobar a financiar campañas terroristas para tumbar al Estado?

¿Aprendimos Algo?

Colombia no merece otro capítulo de su novela negra. Exigimos:

• Protección real para la oposición, no discursos vacíos.
• Deslinde categórico de Petro contra la violencia, sin ambigüedades.
• Justicia expedita para los autores materiales e intelectuales de este atentado.

¡La democracia no se defiende con cañones, sino con garantías. No con consignas, sino con instituciones. Si hoy callamos ante este ataque, mañana no habrá quién alce la voz. Como en los años noventa, el silencio nos hace cómplices!