Hace unos días, la DIAN publicó una convocatoria que, aunque ha pasado de agache para muchos, implica un rediseño estructural del sistema tributario, cambiario y aduanero del país. Se trata del proyecto NSGT: el Nuevo Sistema de Gestión Tributaria, financiado con recursos del BID por un préstamo total de USD 250 millones, de los cuales USD 48,5 millones se destinarán exclusivamente a esta nueva plataforma. Y aunque no suene tan emocionante como un escándalo político, este es un tema que debería estar en el centro del debate.

Porque no estamos hablando de cambiar un portal web. Estamos hablando de reconfigurar el sistema nervioso del aparato fiscal del Estado colombiano.

Sí, el sistema actual —MUISCA— cumplió su ciclo. Tiene más de dos décadas de operación, fue pionero en su momento, pero hoy representa una estructura obsoleta, frágil y segmentada. La página vive caída, las plataformas no se comunican entre sí, los servicios digitales son lentos y poco intuitivos. Quien haya intentado presentar una declaración en los últimos años sabe exactamente de lo que hablo.

Pero la urgencia de modernizar no justifica actuar a ciegas. El proyecto NSGT no es una simple mejora tecnológica. Es una reingeniería total del modelo fiscal del país: arquitectura en la nube, implementación de microservicios, parametrización integral, nuevas reglas para segmentar contribuyentes, seguimiento automatizado, interacción con múltiples fuentes de datos y despliegue por fases, iniciando con grandes contribuyentes y extendiéndose a más de seis millones de personas naturales.

Suena bien. Y puede serlo. Pero también puede abrir la puerta a una caja negra.

Un sistema fiscal moderno no solo sirve para recaudar: sirve para perfilar, clasificar, fiscalizar, multar y sancionar. Y en un entorno digital, quien diseña la lógica de ese sistema —las reglas, los algoritmos, los criterios de segmentación— define mucho más que una plataforma: define quién está bajo lupa y quién no.

¿Quién controla esos criterios? ¿Quién vigila su implementación? ¿Quién garantiza que no se conviertan en herramientas de persecución selectiva, o en mecanismos opacos de sanción automatizada? ¿Quién puede auditar sus lógicas internas? ¿Y bajo qué regulación se va a operar esta transformación?

Estas son las preguntas que nadie está haciendo.

El documento oficial habla de estabilidad, escalabilidad y seguridad ante ataques maliciosos. Habla de resiliencia, cumplimiento normativo y confiabilidad del software. Todo eso es importante. Pero no dice nada sobre límites institucionales, garantías para el contribuyente, ni mecanismos de vigilancia externa del sistema.

Y eso, en un país como Colombia —donde la confianza en la DIAN es frágil, y donde la arbitrariedad fiscal no es una exageración sino una realidad documentada— debería prender todas las alarmas.

Porque el problema no es que la DIAN recaude bien. El problema es que lo haga mal y, encima, sin controles. El verdadero riesgo no es la tecnología, sino la opacidad.

Por eso este no puede ser un contrato más. Se trata de una reforma fiscal silenciosa, disfrazada de modernización tecnológica. Es una reforma que redefine cómo se controla al contribuyente, cómo se gestiona el cumplimiento y cómo se ejerce la coerción tributaria. Y si no se hace con salvaguardas, puede convertirse en un instrumento de poder concentrado y opaco.

Es hora de modernizar, sí. Pero también de exigir transparencia, participación técnica, rendición de cuentas y garantías institucionales. Porque quien controla el código, controla el cobro. Y quien controla el cobro, controla mucho más que los ingresos: controla el poder.

No dejemos que lo llamen transformación digital cuando en realidad es una reorganización profunda del Estado. Y no dejemos que la urgencia justifique la opacidad. El Muisca cumplió su ciclo. Pero el corazón digital del Estado no puede latir sin control ciudadano.