Génesis
La infausta historia comienza cuando un emisario del expresidente y varios miembros del Partido de la U les anunciaron que el candidato presidencial sería Tartufo, el hoy Nobel. Ante el desconcierto y la clara molestia de Luis Carlos, en cuyos hombros recaía no solo la presidencia del partido, este amenazó con su renuncia, no solo a esa distinción, sino también a la de ser miembro del partido.
Él, quien también es psiquiatra, había perfilado como un traidor previamente al lobo disfrazado de oveja; Conoció, para sí mismo, a la bestia y sus maquiavélicas intenciones de traicionar no solo a la colectividad y a sus electores, sino, por supuesto, la confianza del expresidente Uribe. Muchos de los asistentes, que no conocían ese dictamen, lo llamaron “loco”, pues consideraron infundadas y desproporcionadas las advertencias del hasta hacía poco ministro de Defensa, actuaciones desleales con la oficina del ex alto comisionado de paz.
Ungido como nuevo mandatario, el Tartufo comenzaría la cacería contra todo aquel que pudiera ser un obstáculo para sus intenciones, en especial quienes eran más cercanos al expresidente como por ejemplo ex ministros, ex congresistas, entre otros, a nuestro amigo Gustavo Adolfo Muñoz, colaborador y columnista quien era consejero nacional de paz y que conocían lo que haría después con el show del proceso de paz.
Fue así como la fiscal, medio tuerta y Verduga, ejecutaría las acciones tendientes a cumplir metódicamente con las órdenes de quien oportunamente la había ternado. Así, poco a poco, fueron señalados, vapuleados y deshonrados grandes personalidades y ciudadanos afines a la seguridad democrática, con falsas acusaciones y testimonios acomodados. Una memoria calcada posteriormente por un talibán.
La Absolución en el Caso Cacica La Gaitana
El fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, emitido el 16 de mayo de 2025, que absolvió a Luis Carlos Restrepo Ramírez, Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez del delito de peculado por apropiación en el caso de la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las FARC, marca un hito judicial con profundas implicaciones políticas y sociales. Tras 14 años de investigaciones, la sentencia basada en la «atipicidad de la conducta» no solo cierra un capítulo controvertido de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, sino que expone las fallas estructurales del sistema judicial colombiano. Este caso, que involucró a altos funcionarios y militares, revela cómo la intersección entre política, medios y justicia puede generar costos humanos irreparables y erosionar la confianza institucional.
La Desmovilización de 2006
El 7 de marzo de 2006, en Alvarado (Tolima), se llevó a cabo una ceremonia pública para la desmovilización de 62 personas presentadas como integrantes del frente Cacica La Gaitana, adscrito al Comando Conjunto Central Adán Izquierdo de las FARC . El evento, respaldado por Luis Carlos Restrepo -entonces Alto Comisionado para la Paz-, los generales Mario Montoya y Jorge Daniel Castro, fue promocionado como un triunfo de la política de seguridad. Sin embargo, investigaciones posteriores de la Fiscalía alegaron que los «desmovilizados» eran civiles reclutados, incluidos habitantes de calle y desempleados, entrenados para simular su pertenencia a la guerrilla. Según la acusación, este montaje habría costado al Estado 1.156 millones de pesos en armas, uniformes y beneficios para los falsos insurgentes.
Un Largo Camino Judicial
El proceso se inició en 2011, cuando la Fiscalía -bajo la dirección de Viviane Morales- investigó la presunta falsificación. A Restrepo se le imputó peculado por apropiación, mientras que los coroneles Ariza y Castellanos enfrentaron cargos por su papel en la logística del operativo. No obstante, el caso se desmoronó progresivamente: la Fiscalía solo practicó 3 testimonios y desistió de cientos de documentos que no respaldaban su tesis. Ayer viernes, mediante la Sentencia Absolutoria No. 11001600010120110000600, concluyó que no existía evidencia de apropiación de recursos públicos ni de obligación legal de verificar la filiación guerrillera de los desmovilizados. Además, destacó que ninguna sentencia previa había declarado fraudulenta la desmovilización.
El caso evidencia cómo la presión mediática y política puede distorsionar los procesos judiciales. Restrepo, exiliado desde 2011, vio su carrera y reputación destruidas, mientras los coroneles enfrentaron restricciones a su libertad por más de una década. La negativa de Interpol a emitir una circular roja contra Restrepo en 2012 ya sugería dudas sobre la solidez de las pruebas. La sentencia reafirma que la presunción de inocencia debe prevalecer sobre narrativas públicas apresuradas, especialmente en casos de alto perfil político.
Catorce años de litigio exponen la ineficiencia del sistema judicial colombiano. Según el Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 177 de 190 en eficiencia de tribunales, y este caso lo corrobora. Los acusados soportaron costos emocionales y profesionales irreversibles, cuestionando si un sistema que tarda más de una década en resolver puede ofrecer justicia real.
La sentencia, aunque restaura legalmente a los absueltos, no repara el daño colateral de 14 años de incertidumbre. Colombia debe priorizar reformas judiciales que agilicen procesos, protejan los derechos de los investigados y eviten la instrumentalización política de la justicia. Como dijo la juez: «la absolución se impone como consecuencia necesaria de la garantía constitucional de presunción de inocencia y del principio de legalidad penal estricta».
«La Justicia Tardía Difícilmente es Justicia».
Este caso debe ser un catalizador para un sistema más ágil y transparente, donde los principios jurídicos no se sacrifiquen en el altar del oportunismo político.
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