Los resultados del examen de idoneidad 2025-II, aplicados a los nuevos egresados de Derecho en Colombia, deberían encender una alarma seria en las facultades, los colegios de abogados y el propio Estado.

De los miles de aspirantes evaluados, 2837 abogados no superaron la prueba, que exigía apenas 35 respuestas correctas sobre un total que arrojó una media nacional de 55,26 puntos. Con este corte, ya son 7830 los abogados que han perdido la prueba en las primeras cuatro convocatorias.

Estos datos no son simples cifras académicas. Reflejan un déficit estructural en la formación jurídica del país. Durante años, las universidades expandieron sus programas de Derecho sin la debida rigurosidad, convertidas muchas veces en fábricas de títulos y no en escuelas de pensamiento crítico.

El resultado es una generación de profesionales con diploma, pero con graves carencias en comprensión lectora, argumentación y análisis normativo, precisamente las competencias que deberían definir a un jurista.

La llamada “idoneidad profesional”, que el examen busca medir, no puede entenderse como un castigo. Más bien, es un síntoma de un ecosistema educativo en crisis. Mientras el derecho se enseña desde el memorismo y se evalúa con exámenes que premian la repetición, el país necesita abogados capaces de operar con ética, sensibilidad social y criterio jurídico sólido.

Pero también hay que mirar hacia el Estado y las instituciones: ¿Qué política pública garantiza que el acceso a la profesión sea realmente un filtro de calidad y no una formalidad burocrática? Si el examen de idoneidad se convierte en un trámite más, sin retroalimentación académica y sin consecuencias estructurales, solo servirá como otro espejo roto que nadie quiere mirar y una prueba cuyos resultados se pueden comprar.

La pregunta más urgente no será por qué tantos perdieron, sino qué país estamos construyendo cuando formar un abogado cuesta menos exigencia que entender lo que significa serlo.