Una demolición premeditada
Algunos voceros del gobierno y políticos que lo apoyan insisten en hacerle creer a los colombianos que la crisis actual del sistema de salud es una herencia de gobiernos anteriores. Sin embargo, esta afirmación es dramáticamente falsa. Basta recordar que, al iniciar su mandato, el presidente Gustavo Petro afirmó con desdén que las EPS colapsarían como fichas de dominó, acompañando su comentario con el irrespetuoso «chu chu chu».
La realidad es otra. La crisis ha sido provocada intencionalmente desde el gobierno actual, liderado por Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El objetivo parece ser claro: llevar a la quiebra a las EPS para imponer, a la fuerza, su fallida reforma.
Para entender lo que está ocurriendo, es necesario recordar cómo funciona el sistema. En Colombia, todas las personas deben contribuir al sistema de salud según sus ingresos. En el caso de empleados formales, el aporte se divide entre empleador y trabajador; los independientes asumen el 100%.
Estos aportes van al ADRES, entidad estatal que actúa como caja de compensación, redistribuyendo los recursos en unidades iguales llamadas Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta unidad debe reajustarse anualmente según variables como inflación en salud, demografía y zonas geográficas.
Pero el gobierno Petro ha incumplido esta regla básica: no ha ajustado adecuadamente la UPC y, además, está en mora de presentar la metodología usada, ignorando reiterados llamados de la Corte Constitucional. Esta omisión ha dejado a las EPS con ingresos insuficientes para operar.
A esto se suma que el ADRES ha retrasado los pagos a las prestadoras de servicios de salud y a los proveedores de medicamentos, lo que ha llevado al cierre de líneas de atención y al desabastecimiento de fármacos. Hoy, hay colombianos literalmente muriendo por falta de medicamentos.
Todo esto es parte de una estrategia para colapsar el sistema y forzar la aprobación de una reforma ya negada por el Congreso. Dicha reforma busca estatizar por completo el sistema, eliminando auditorías médicas y gestión del riesgo, permitiendo además que cargos técnicos sean ocupados por cuotas políticas sin meritocracia.
El gobierno justifica su propuesta con el argumento de que el sector privado “se roba la plata”. Pero hasta el momento, no han presentado una sola prueba sólida.
Sí, el sistema necesita reformas: hay que cerrarle la puerta a los abusos, aumentar la transparencia y regular mejor a todos los actores. Pero destruirlo no es la solución. No olvidemos que hace menos de cinco años, el sistema de salud colombiano fue catalogado como el sexto mejor del mundo.
¿Por qué no seguir ejemplos como el de Estados Unidos, donde las aseguradoras tienen un límite legal en su margen de utilidad? Si superan el 15%, deben reembolsar ese exceso a los afiliados. Esto es una reforma estructural inteligente que no destruye el sistema, sino que lo perfecciona.
Finalmente, preocupa profundamente que el presidente haya amenazado con imponer su reforma vía decreto si el Congreso no la aprueba. Esto sería un golpe institucional y generaría una inseguridad jurídica enorme, afectando sobre todo a los pacientes más vulnerables.
Hago un llamado a todos los líderes del país: ¡detengamos este abuso! No es momento para agendas políticas personales. Declaraciones como las de Juan Fernando Cristo, culpando únicamente a gobiernos anteriores, son lamentables. En lugar de defender al pueblo colombiano, prefieren acomodarse a los vientos del poder. Esto no tiene justificación.
Hay forma de conseguir datos sobre la gente que está muriendo por falta de medicamentos? Estadísticas que muestren el deterioro de la salud en Colombia desde que Petro asumió el poder?