Colombia ha sido testigo de violencia política en el pasado, pero el magnicidio de Miguel Uribe Turbay—un joven y prometedor candidato presidencial de derecha—marca un punto de inflexión que no puede ser relativizado ni reducido a una tragedia aislada.

La bala que acabó con su vida no surgió de la nada, ni de un arrebato individual sin contexto. Fue el desenlace predecible de una campaña sistemática de desprestigio, odio y persecución ideológica, diseñada y dirigida desde el mismo despacho presidencial por Gustavo Petro.

Aunque Petro intentará negar que apretó el gatillo, su responsabilidad es aún más grave: él creó el clima político y emocional que hizo inevitable el crimen. Convirtió a Miguel Uribe en un blanco legítimo para la izquierda radical, lo retrató como enemigo del pueblo y lo despojó de su humanidad en el imaginario de quienes ven la política como una guerra donde todo vale.

Según la denuncia formal de la familia Uribe Turbay, existen 43 declaraciones y publicaciones del presidente que tenían como único objetivo destruir la imagen de Miguel Uribe. No se trató de críticas legítimas a sus ideas o propuestas, sino de ataques directos, personales y calculados para desacreditarlo como figura política y sembrar odio hacia su persona.

El 23 de mayo de 2025, Petro escribió: “¿Vas a mandar a torturar a 10.000 colombianos como tu abuelo, Miguel Uribe? No puedes. El pueblo ya decidió.”

El 5 de junio, apenas dos días antes del atentado, repitió la afrenta: “¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.

Estas frases no fueron simples comentarios; fueron mensajes incendiarios que presentaron a Miguel Uribe como un heredero de la represión y un peligro para el país. Desde la investidura presidencial, estas palabras adquirieron el peso de una sentencia pública. La violencia política casi nunca es espontánea.

Suele estar precedida por campañas de deshumanización que convierten a las personas en símbolos del mal. Petro hizo exactamente eso con Miguel Uribe, y luego, como si no fuera suficiente, su gobierno redujo inexplicablemente su esquema de seguridad el mismo día del ataque, pasando de siete a solo tres escoltas.

Esta decisión, en un país donde la violencia política es una amenaza latente, fue mucho más que negligencia: fue una condena anunciada. El presidente y sus funcionarios sabían que Miguel Uribe era un objetivo de alto riesgo, especialmente después de ser señalado repetidamente desde la Casa de Nariño, y aun así lo dejaron prácticamente expuesto en un evento público.

La combinación de una campaña de demonización con una falla de seguridad tan grave no es casualidad, es el manual de la eliminación política de la izquierda con coartada perfecta. Petro podrá ampararse en la “negación plausible”, diciendo que ejercía su derecho a opinar o que no controla cada asignación de seguridad, pero cualquier colombiano con sentido común entiende que cuando un jefe de Estado ataca por nombre y apellido a un opositor, lo presenta como enemigo de la nación y luego lo deja vulnerable, está pavimentando el camino hacia la violencia.

La condena internacional no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el atentado fue consecuencia directa de la retórica izquierdista proveniente del más alto nivel de gobierno. Otros líderes conservadores de la región han advertido que el asesinato de Miguel Uribe encaja en un patrón autoritario en el que Petro busca eliminar, simbólica o físicamente, a quienes representan un obstáculo para su proyecto político.

La muerte de Miguel Uribe Turbay no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia política donde la deslegitimación del adversario, la erosión de las instituciones y la polarización extrema son herramientas deliberadas. Petro ha demostrado que para él la oposición no es un contrapeso democrático, sino un enemigo que debe ser neutralizado. La responsabilidad moral y política de Gustavo Petro es total.

Aunque un tribunal tarde años en determinar su culpabilidad penal, el veredicto en la conciencia nacional ya está dictado: Petro encendió la mecha, justificó el ataque con su discurso y dejó a su víctima desprotegida. Esa es responsabilidad en su forma más pura. Si Colombia tolera que un presidente convierta a un rival en objetivo político y ese rival termina asesinado, estaremos aceptando que la democracia puede ser destruida desde adentro sin consecuencias para el agresor.

El país debe exigir una investigación independiente, transparencia absoluta y, si corresponde, un proceso de destitución. Dejar pasar este crimen sería aceptar que la Presidencia de la República puede ser usada como un arma contra la vida de quienes piensan distinto. La bala que mató a Miguel Uribe Turbay estaba en manos de otro, pero las huellas digitales son de Gustavo Petro.