Colombia, por culpa de su gobierno, está en el peor de los escenarios. Caos, desinformación, noticias falsas, manipulación descarada de la realidad, un presidente esquizofrénico -sólo habla de golpes de estado y el que lo está dando es él, a su propio gobierno-, funcionarios investigados -todos sabemos que son culpables- como el exministro Bonilla, Ricardo Roa, un Armandito desabrochado, ramplón, mejor dicho. El caos total. Y para completar, en vez de asumir el estruendoso fracaso de este primer -y seguramente último- gobierno progresista, aceptar que “el tal paro no existió” y que cada día pierden más apoyo popular, resulta que Petro insiste en convocar por decreto la consulta popular; sin más qué decir, esto es una violación flagrante a la carta de 1991. Desde el derecho no nos queda duda alguna, si hacen esto es un acto abiertamente ilegal e improcedente. De hacerlo, la organización electoral no tendría que organizar ni preparar esas elecciones, nada debería pasar dentro del Estado de derecho que aún, muy a pesar de Petro, sigue vigente.

Hace pocas semanas, la valiente exministra de justicia, Ángela María Buitrago, le presentó renuncia a su nominador constitucional: el presidente de la república. El personaje aprovechó y manipuló ese hecho de tal manera, que se dijo públicamente que era el gobierno el que le había pedido la renuncia. Falso de toda falsedad. La Dra. Buitrago afirmó que renunció por la injerencia descarada de Armandito y Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE- en su cartera, al exigirle el nombramiento de ciertos funcionarios.  Horror de horrores, pero ese el cambio por el que votó Colombia. Miren ahora la jugadita: la noticia es que Eduardo Montealegre, trapero jurídico de las cochinadas del gobierno, personaje nefasto, será el reemplazo de Buitrago. Mejor dicho, el Ministerio de Justicia se le entrega oficialmente a la corrupción, la misma que le ha permitido a Montealegre recibir contratos por más de 1700 millones de pesos durante este gobierno. Este señor también se encargó de “limpiar” los entuertos del gobierno Santos para aprobar y blindar el proceso de paz de las FARC, el mismo proceso que llevó a Colombia a la paz definitiva y que les dio 10 senadores a los guerrilleros. ¡Já!

No nos queda más que defender la democracia, defender a Colombia. Paremos ya, declarémonos en desobediencia civil permanente, ya basta de ser educados y sensatos, paguémosle a la izquierda con la misma moneda: paralicemos al país como ellos lo hicieron durante la revuelta terrorista en el gobierno Duque. Eso sí, a nuestro estilo, con tranquilidad, sin vandalismo, sin afectar los derechos de otros, tomemos la decisión ya y ejecutemos, de una vez por todas, este procedimiento para salvar a Colombia. ¡Manos a la obra!

Recordemos que la aprobación del mal llamado proceso de paz del “farcsantismopetrismo”, implicó la violación absoluta de la constitución de 1991. El procedimiento denominado fast track, la creación y puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz -JEP-, la incorporación del texto del proceso en el bloque de constitucionalidad, entre otros, son hechos ilegales y punibles, que dejaron de lado la legislación vigente entonces y que hoy, por su ocurrencia, siguen abriendo puertas para que el mismo presidente pretenda romper el orden constitucional y legal. Gracias a ese perverso antecedente jurídico, en la actualidad, cualquier cosa puede pasar, hasta lo impensable puede ocurrir. Petro amenaza al legislativo y pone en riesgo la vida de algunos congresistas cuando sus decisiones le son contrarias, presiona a las Cortes tratándolas de apátridas y perseguidoras cuando sus decisiones no calzan su talla. El tipo cree que porque es presidente su rama está por encima de las otras 2; no señor, así no es. El orden constitucional debe respetarse y prevalecer o aquí, “nos llevó el que nos trajo.”

Mientras tanto, se viene la descertificación por parte del gobierno Trump. Es cuestión de tiempo, nada podemos hacer, nos la merecemos.