¿Hasta cuándo hay que seguir explicando lo que ya está claro? ¿Hasta cuándo hay que repetir lo obvio como si fuera debatible? ¿Y por qué, sobre todo, siguen dándole micrófono a Eduardo Montealegre, que fue fiscal pero no constitucionalista, y que hoy funge como vocero oficioso de un golpe constitucional en cámara lenta?

La tal “consulta popular” para convocar una Asamblea Constituyente no es posible. No hay margen de interpretación ni zona gris. No se puede hacer sin ley estatutaria, sin aprobación del Congreso, sin control previo de la Corte Constitucional.
Y la Corte, vale recordarlo, ya dijo que no. Lo ha dicho más de una vez. No se puede usar una consulta popular para reformar o sustituir la Constitución si no se siguen los mecanismos expresos del artículo 374. Punto.

Pero como el capricho sigue, disfrazado ahora de consulta espuria y de papeleta simbólica, la tarea ya no es jurídica.
La tarea es pedagógica.

Porque lo que están buscando no es legalidad: es legitimación social.
Lo que necesitan es que usted, ciudadano desprevenido, reciba una papeleta, la mire con escepticismo, y diga “yo voto NO”, pensando que está haciendo lo correcto.
Pero no: ese NO valida el mecanismo. Ese NO se suma al SÍ para mostrar que hubo participación.
Eso es lo que quieren: construir una falsa apariencia de respaldo popular para justificar lo injustificable.

Por eso, lo que corresponde ahora no es debatir si se puede o no se puede —porque constitucionalmente no se puede—.
Lo que corresponde es explicar, con claridad y sin adornos, que nadie debe prestarse para ese engaño.

Si en la calle le entregan una papeleta, no se alarme.
Acéptela si quiere.
Y luego haga lo único correcto:
No la marque.
No la deposite en ninguna urna.
Bótela a la caneca.

Bótela con B de basura, no con V de votar.

No legitime el golpe.
No preste su voto para fingir una democracia que no existe.