Por cualquier estándar de moralidad política o decencia básica, las recientes denuncias de que el presidente Gustavo Petro se reunió con el narcoterrorista ecuatoriano alias Fito (Adolfo Macías) para orquestar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay no representan una simple caída en desgracia —sino una zambullida intencional en el abismo del crimen desde el poder. Si estas acusaciones son siquiera parcialmente ciertas, Colombia ya no está siendo gobernada por un presidente, sino por un jefe mafioso envuelto en la banda presidencial.

Llamemos esto por su nombre: terrorismo de Estado. Y no evitemos lo que implica: una traición deliberada a la democracia, un ataque frontal al Estado de derecho y la transformación de la presidencia en un refugio de criminales calculadores.

El pueblo colombiano no debe dejarse distraer por los discursos grandilocuentes de Petro, sus narrativas de humo sobre la “paz total” o su retórica cada vez más delirante sobre el imperialismo y la justicia. Este es un hombre que ha construido su trono sobre ideologías fracasadas, ruido populista y ahora, presuntamente, sangre.

El corazón de esta acusación —que Petro se habría reunido con Fito, un capo del narcotráfico responsable del terror en Ecuador y con vínculos con los cárteles más violentos de México, para planear el asesinato de un senador en ejercicio— es un escándalo sin precedentes. Esto convertiría a Colombia en la primera supuesta democracia latinoamericana moderna donde el jefe de Estado cruza de la negligencia al crimen organizado.

La víctima de este presunto complot, el senador Miguel Uribe Turbay, no es ajeno al odio político de Petro. Ha sido una de las voces más firmes en el Congreso denunciando el autoritarismo del gobierno, su complacencia con los grupos criminales y su desprecio abierto por los controles constitucionales. Se ha convertido en un obstáculo. Y aparentemente, en uno desechable.

No es difícil ver los motivos. Uribe Turbay representa el respeto por la ley, la contención política, y la rendición de cuentas. Petro representa el poder a toda costa, alianzas con actores violentos y una agenda revolucionaria disfrazada de progreso. En ese choque, Petro parece estar dispuesto —si las denuncias son ciertas— a adoptar el asesinato político como método de gobierno.

Y esta no sería la primera vez que el nombre de Petro aparece junto a criminales. Su proyecto de “paz total” ha sido una rendición disfrazada ante los grupos armados del país. Ha negociado con disidencias de las FARC, con terroristas del ELN, con bandas criminales urbanas. Ha liberado presos, ha llamado “actores políticos” a los narcos y ha demonizado a las fuerzas armadas. El patrón es claro: Petro no combate el crimen —lo incorpora a su estructura de poder.

La ciudadanía debe preguntarse: ¿por qué Fito se reuniría con Petro? ¿Qué gana un hombre como Fito —fugitivo, jefe narco, responsable de masacres— con ese encuentro? La respuesta es tan simple como escalofriante: protección, impunidad y favor político. ¿Y a cambio? Un encargo. Un asesinato. Eliminar a un obstáculo democrático del camino.

El solo hecho de que esto sea plausible demuestra cuán bajo hemos caído.

Si se confirma, esto no es solo un escándalo político. Es traición. Es homicidio. Es una violación directa de la Constitución, de los derechos humanos y de todo principio que sostiene una sociedad democrática. Requiere no solo una destitución inmediata, sino arresto, juicio y castigo con todo el peso de la ley.

Esto también debería alarmar a la comunidad internacional. El silencio de líderes extranjeros, especialmente en Washington y Bruselas, es ensordecedor. ¿Tienen miedo de hablar porque Petro se presenta como un “intelectual de izquierda”? ¿Defenderán la democracia solo cuando les conviene ideológicamente?

El senador estadounidense Marco Rubio fue una de las pocas voces extranjeras en condenar este presunto complot. En una declaración pública en X, escribió: “Si estos informes se confirman, Gustavo Petro sería uno de los hombres más peligrosos de las Américas. Esto va más allá de la política: es una amenaza a la idea misma de la sociedad civil.” Tiene razón. Colombia no enfrenta un simple desacuerdo político —enfrenta la amenaza de un Estado criminal.

Cada día que pasa sin una investigación profunda sobre esta reunión es un día más en que la República muere un poco. La Fiscalía, la rama judicial y los medios de comunicación deben tener el coraje de ir hasta el fondo, exponer la podredumbre y presentar cargos —caiga quien caiga.

A quienes aún defienden a Petro: esta es su llamada de atención. Ningún líder está por encima de la ley. Ninguna ideología justifica una bala para silenciar a un opositor. Y ningún país sobrevive cuando el asesinato se convierte en herramienta del poder.

Gustavo Petro se presentó como un hombre de paz, de justicia, de transformación. Pero si la reunión con Fito es real —si el supuesto plan de asesinato contra Miguel Uribe Turbay es cierto—, entonces la única transformación lograda es la perversión de la democracia en tiranía criminal.

Colombia merece más. Colombia debe levantarse —no solo con consignas, sino en los tribunales, en las instituciones, en la voz firme de la justicia. Porque si no lo hacemos, pronto estaremos gobernados no por funcionarios electos, sino por sombras, fantasmas, carteles y cobardes.

Y la democracia será solo una lápida.