Mucho se ha discutido durante los últimos días sobre la autorización concedida por el Senado de la República al expresidente Gustavo Petro para salir de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato.

La controversia se ha concentrado principalmente en una pregunta: ¿tiene su decisión alguna relación con las investigaciones que actualmente cursan en su contra?

No pretendo responderla. No conozco las motivaciones personales del expresidente y convertir una hipótesis en una acusación no aportaría nada al debate.

Me interesa una pregunta diferente y, a mi juicio, políticamente mucho más interesante:

¿Por qué quien acaba de proclamarse líder de la oposición decide ausentarse de Colombia precisamente cuando esa oposición parece necesitar más que nunca de su presencia?

La sutileza del permiso

Para entender la pregunta hay que comenzar por una particularidad constitucional que ha pasado relativamente inadvertida.

El artículo 196 de la Constitución establece que un expresidente no puede salir del país durante el año siguiente a la fecha en que terminó sus funciones sin permiso previo del Senado.

Gustavo Petro ya obtuvo esa autorización.

La sutileza está en que la limitación constitucional no comienza cuando Petro salga de Colombia. El año comenzó a correr el 7 de agosto de 2026, cuando terminó su mandato.

Cumplido el año, desaparece esa restricción especial.

Esto significa que si para entonces el expresidente se encuentra en Italia, Cuba, Suecia o cualquier otro país, el artículo 196 no lo obliga a regresar a Colombia. Simplemente deja de necesitar autorización del Senado para viajar.

Por eso una autorización necesaria durante el primer año podría convertirse, en la práctica, en una permanencia mucho más prolongada en el exterior, si esa fuera su decisión.

Nada de esto es irregular. Petro solicitó el permiso que exige la Constitución y el Senado se lo concedió.

Pero jurídicamente legítimo no significa necesariamente políticamente comprensible.

Y ahí comienza la parte verdaderamente interesante.

Un jefe de oposición frente a una tragedia nacional

Colombia acaba de sufrir un terremoto devastador.

Una catástrofe de esta magnitud constituye una prueba extraordinaria para cualquier gobierno. Durante los próximos meses habrá que atender damnificados, reconstruir viviendas, hospitales, colegios y carreteras, administrar cuantiosos recursos públicos, adjudicar contratos de emergencia y coordinar a la Nación con departamentos y municipios.

Habrá decisiones acertadas.

También, casi inevitablemente en una operación de semejante magnitud, habrá errores, retrasos y controversias.

¿Y cuál es una de las funciones esenciales de la oposición en una democracia?

Fiscalizar.

Una oposición responsable debe reconocer lo que funciona, pero también identificar los errores del Gobierno, exigir explicaciones, vigilar los recursos públicos, acompañar a las comunidades afectadas y presentar alternativas cuando considere que las decisiones adoptadas son equivocadas.

Eso requiere información.

Pero también requiere presencia.

No es lo mismo escribir desde otro continente que una comunidad continúa esperando soluciones, que estar allí escuchando a sus habitantes, reuniéndose con sus líderes y verificando personalmente qué se prometió y qué se cumplió.

Y si alguien conoce el potencial político que puede adquirir una crisis mal administrada por un gobierno, es precisamente Gustavo Petro.

Petro ya vivió esta historia

La pandemia produjo en Colombia una enorme crisis económica y social. Millones de personas perdieron sus empleos y aumentaron la pobreza, la incertidumbre y el descontento.

En ese contexto, el gobierno de Iván Duque presentó en 2021 una reforma tributaria que se convirtió en detonante de un enorme estallido social.

Las protestas terminaron trascendiendo ampliamente la reforma. El malestar acumulado durante años y profundizado por la pandemia encontró una expresión política en las calles.

Petro comprendió ese momento.

Mientras el gobierno Duque sufría un enorme deterioro político, él consiguió canalizar una parte importante de aquel descontento. Numerosos analistas políticos han identificado el estallido social y el desgaste del gobierno como factores determinantes en la transformación del escenario electoral que culminaría con su victoria presidencial en 2022.

No sostengo que Petro haya creado aquel descontento.

Sostengo algo diferente: supo capitalizarlo políticamente.

Y lo hizo desde Colombia.

Por eso resulta paradójico que ahora, cuando un nuevo gobierno enfrenta su primera gran crisis nacional, el dirigente que mejor conoce el potencial político de esas circunstancias decida estar fuera del país.

Y después vienen las elecciones

En 2027 Colombia elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y demás autoridades territoriales.

Para el movimiento político de Petro esas elecciones tienen una importancia extraordinaria.

Acaba de perder la Presidencia.

Las territoriales serán su primera gran oportunidad para demostrar que esa derrota no significó una pérdida permanente de su capacidad electoral y para reconstruir poder desde las regiones.

Pero las elecciones territoriales tienen una característica que las diferencia profundamente de una elección presidencial:

no se ganan desde X.

Se ganan recorriendo municipios.

Hay que encontrar candidatos competitivos, resolver diferencias internas, otorgar avales, reunirse con dirigentes regionales, negociar alianzas con otros movimientos, construir coaliciones y acompañar a quienes representarán al partido ante los ciudadanos.

Todo eso requiere meses de trabajo.

Y requiere territorio.

Cuando faltan pocas semanas para unas elecciones regionales, buena parte de esas decisiones ya está tomada. Las coaliciones están construidas, los candidatos definidos y las estructuras políticas funcionando.

Por eso el período que comienza ahora es precisamente uno de los momentos en que mayor utilidad tendría para el movimiento de Petro la presencia física de su principal dirigente.

Dos reconstrucciones

Hay entonces dos reconstrucciones ocurriendo simultáneamente en Colombia.

Una es material y humana: la reconstrucción del país después del terremoto.

La otra es política: la reconstrucción de un movimiento que acaba de perder la Presidencia y que necesita prepararse para las elecciones territoriales de 2027.

Petro se ha presentado como líder de esa oposición.

Sin embargo, cuando comienzan ambas reconstrucciones, decide marcharse.

Puede continuar escribiendo en X. Puede conceder entrevistas. Puede participar en videoconferencias. Puede pronunciar discursos desde cualquier ciudad del mundo.

Pero comunicación política no es lo mismo que construcción política.

Un mensaje desde Roma puede generar miles de interacciones. No reemplaza una reunión con dirigentes políticos en Cali.

Una transmisión desde Madrid puede criticar al Gobierno. No sustituye una visita a una población afectada por el terremoto.

Una publicación desde La Habana puede convertirse en tendencia. No construye por sí sola una coalición para una gobernación o una alcaldía.

La política territorial continúa teniendo algo inevitablemente presencial.

Entonces, ¿por qué irse?

No cuestiono el derecho de Gustavo Petro a salir de Colombia.

Cumplió el procedimiento constitucional y obtuvo legítimamente la autorización del Senado.

Tampoco afirmo conocer sus razones.

Él ha hablado anteriormente de escribir, de actividades académicas y de una vida posterior a la Presidencia con una importante dimensión internacional. Son explicaciones posibles y perfectamente legítimas.

Pero el análisis político no consiste solamente en preguntar qué puede hacer legalmente un dirigente.

También consiste en observar los incentivos que tiene delante y preguntarse por qué escoge uno cuando aparentemente otro resulta políticamente mucho más valioso.

Y Petro tiene hoy enormes incentivos para quedarse.

Un gobierno adversario enfrentando una gigantesca emergencia nacional.

Una reconstrucción que deberá ser fiscalizada durante meses.

Un movimiento político derrotado que necesita reorganizarse.

Y unas elecciones territoriales en 2027 que podrían convertirse en la primera oportunidad para recuperar el terreno perdido.

Todo ello parecería reclamar exactamente aquello que Petro ha decidido retirar temporalmente de Colombia:

su presencia.

Por eso, después de todo este análisis, termino con una pregunta.

No sé cuál es la respuesta.

Pero considero que vale la pena formularla:

¿Qué beneficio tan grande representa para Gustavo Petro y para su movimiento político permanecer fuera de Colombia, como para aceptar el costo de ejercer a distancia la jefatura de la oposición precisamente frente a las dos coyunturas que podrían resultar decisivas para reconstruir su poder político?

Si el terremoto ofrece a la oposición una enorme responsabilidad de fiscalización y las elecciones territoriales de 2027 representan su primera oportunidad de recuperación electoral después de perder la Presidencia, la pregunta resulta inevitable:

¿Qué puede ser más importante para un jefe de la oposición que estar en Colombia precisamente cuando más se necesita su liderazgo sobre el terreno?