El debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia ha tomado un rumbo preocupante: se está construyendo sobre una narrativa incompleta. En el centro de esa narrativa hay una inconsistencia que vale la pena señalar con claridad.

El gobierno de Gustavo Petro ha planteado la necesidad de desmontar el modelo de salud derivado de la Ley 100 de 1993, presentándolo como el resultado de una visión ajena a su tradición política. Sin embargo, la historia cuenta algo distinto.

La Ley 100 no fue una imposición de un solo sector. Se gestó durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, en un proceso en el que participaron activamente distintos actores políticos. Entre ellos, figuras provenientes del M-19 ocuparon el Ministerio de Salud en etapas clave. Antonio Navarro Wolff y Camilo González Posso no solo estuvieron al frente de esa cartera, sino que contribuyeron a abrir la discusión y a estructurar las bases de la reforma que posteriormente consolidaría Juan Luis Londoño de la Cuesta.

Aquí está el punto central: durante la gestación y trámite de la Ley 100, no se evidenció una oposición política relevante desde el M-19. Por el contrario, su participación fue activa en momentos determinantes del proceso.

No se trata únicamente de una lectura histórica. Me consta personalmente. Como miembro de las mesas preparatorias de la Asamblea Constituyente, asistí a múltiples sesiones y tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Antonio Navarro Wolff, quien presidía dicha Asamblea. En esas conversaciones, Navarro expresó de manera consistente su acuerdo con la orientación de la reforma que él mismo había iniciado previamente como Ministro de Salud.

Para finales de los años noventa, durante el gobierno de Ernesto Samper, el sistema ya estaba plenamente en funcionamiento en salud, pensiones y riesgos profesionales. No era un experimento ideológico, sino una realidad institucional. Posteriormente, gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez no desmontaron ese modelo, sino que lo ampliaron y consolidaron.

Frente a esta realidad, la posición actual del gobierno resulta, cuando menos, contradictoria. Se busca desmontar un sistema cuya génesis no fue ajena al movimiento político del propio presidente, sino que contó con su participación en etapas tempranas.

Esto no significa que el sistema sea perfecto ni que no requiera ajustes. Toda política pública de esta magnitud debe evaluarse y reformarse con el tiempo. Pero una cosa es corregir, y otra muy distinta es reescribir la historia para justificar un cambio.

Las reformas estructurales son el resultado de consensos amplios, no de imposiciones unilaterales. Ignorar esa complejidad puede ser útil en el discurso político, pero empobrece el debate público.

Y en un tema tan crítico como la salud, Colombia no puede darse ese lujo.