El pasado 18 de agosto de 2026, justamente el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó el llamado “Libro de la Verdad”. La fecha obviamente no fue escogida al azar y, después de leer el documento, creo que tampoco se puede reducir a una simple lista de irregularidades encontradas al recibir el Gobierno. El libro intenta algo más ambicioso: explicar qué Estado recibió la nueva administración y mostrar que muchos de los problemas encontrados en ministerios, agencias, fondos y entidades que nada tienen que ver entre sí en realidad se parecen bastante. Ese es, para mí, el punto más interesante. Uno puede discutir cada caso por separado y seguramente habrá explicaciones, responsables distintos e incluso hallazgos que después tendrán que ser confirmados o descartados, pero cuando los mismos problemas empiezan a aparecer una y otra vez ya no estamos hablando solamente de casos aislados sino de una forma de funcionar.

El documento cuenta que inicialmente se analizaron 126 casos y luego se priorizaron 59. De ahí salieron nueve comportamientos críticos que, según el Gobierno, fueron debilitando controles y ampliando espacios de discrecionalidad. Para llegar a esas conclusiones se montó todo un empalme anticorrupción con una Dirección, un Comité Nacional, un Equipo Transversal, un Equipo Élite y 22 equipos sectoriales. Revisaron planeación, presupuesto, contratación, asuntos jurídicos, talento humano, tecnología y control interno, además utilizaron auditoría forense, análisis de datos e inteligencia artificial. El proceso tuvo once etapas y uno podría perderse fácilmente en toda esa metodología, pero en realidad la idea era bastante sencilla: mirar qué estaba pasando dentro de cada entidad, comparar y ver si los mismos problemas se repetían. Según el libro, se repetían bastante.

El primero es lo que llaman la destrucción del rigor técnico. Aquí aparecen vacantes directivas ocupadas durante largos periodos mediante encargos y una dependencia enorme de contratos de prestación de servicios. A primera vista puede parecer una discusión de nómina, funcionarios o burocracia, pero creo que el problema va mucho más allá. Una entidad que cambia permanentemente sus equipos, que depende de contratistas para funciones esenciales y que no logra conservar conocimiento termina perdiendo memoria institucional, capacidad de supervisar y hasta continuidad en sus políticas. Y hay algo de este punto que me quedó sonando bastante: el deterioro del Estado no empieza necesariamente cuando alguien se roba un peso. A veces empieza mucho antes, cuando saber, tener experiencia o haber construido conocimiento dentro de una entidad deja de ser importante y todo comienza a depender de quién llega, quién recomienda o quién tiene la confianza política del momento.

El segundo comportamiento es el deterioro de la capacidad tecnológica. El libro habla de sistemas viejos, plataformas inestables y entidades que terminan dependiendo demasiado de determinados proveedores. Función Pública aparece como uno de los ejemplos con las fallas de SIGEP II, la información autorreportada en el FURAG y los problemas del SUIT para manejar información de cerca de 65.000 trámites territoriales y otros 6.000 nacionales. Esto suena a un problema de sistemas y ya, pero no lo es. Si esas herramientas funcionan mal el Estado empieza a tener problemas hasta para saber quién trabaja para él, cómo se están comportando sus entidades o qué trámites tiene que hacer un ciudadano. Es decir, la tecnología dejó hace rato de ser un asunto accesorio dentro de la administración pública, hoy es parte de la capacidad misma del Estado para funcionar.

El tercero sí me preocupa especialmente y es la opacidad o distorsión de la información pública. Porque uno puede discutir muchas decisiones de un Gobierno, pero si ni siquiera existe certeza de que las cifras con las que se toman esas decisiones corresponden a lo que realmente está pasando entonces el problema es mucho más grande. El libro advierte sobre información autorreportada, poco contrastada o presentada de manera selectiva y eso puede terminar produciendo situaciones absurdas: presupuestos que aparecen ejecutados mientras la obra no avanza, contratos firmados que todavía no producen nada o indicadores de cumplimiento muy bonitos en una presentación pero muy difíciles de encontrar en la realidad. Yo lo resumiría así, una cosa es ejecutar en Excel y otra muy distinta ejecutar en la calle.

Después viene la parálisis operativa y aquí el caso de ciencia, tecnología e innovación prácticamente se explica solo. Según el documento había alrededor de $3,8 billones en regalías correspondientes al bienio 2025-2026, se habían radicado 407 proyectos y solamente uno había sido aprobado. La plata estaba, los proyectos también. Lo que no funcionó fue el Estado en la mitad de esas dos cosas. Y eso a veces se pierde en la discusión pública porque estamos acostumbrados a pensar que un Gobierno fracasa cuando no tiene plata o cuando se roban la plata, pero también puede fracasar teniendo recursos, proyectos y necesidades si simplemente es incapaz de hacer que todo eso se encuentre a tiempo.

El quinto comportamiento es la captura contractual y la concentración del poder operativo. Contratar particulares es normal y cualquier persona que haya trabajado con el Estado sabe que buena parte de la administración funciona así. El problema es otro, cuando la entidad pierde tanta capacidad interna que termina dependiendo de dos o tres operadores para funcionar. En ese momento el contratista ya no es solamente alguien que presta un servicio. Empieza a quedarse con conocimiento que la entidad debería tener, maneja información estratégica y en algunos casos termina siendo casi indispensable para que el Estado pueda hacer su propio trabajo. Ahí ya no estamos hablando simplemente de contratación sino de dependencia. El sexto comportamiento tiene que ver con el riesgo litigioso y es mucho más fácil de entender: una mala decisión administrativa no se acaba el día que alguien firma un acto o un contrato. Puede aparecer cinco o diez años después convertida en demanda, conciliación o condena y la cuenta la termina pagando el Estado. Las malas decisiones también dejan deuda y esa deuda tarde o temprano sale del mismo presupuesto público.

El séptimo comportamiento es la pérdida de control territorial frente a economías criminales y aquí el libro conecta la debilidad institucional con algo mucho más grave, la posibilidad de que grupos ilegales terminen ocupando el espacio que deja un Estado débil. Me parece acertado plantearlo así porque durante años hemos medido la presencia estatal contando oficinas, policías, funcionarios o edificios y eso no significa necesariamente que exista autoridad. El Estado está presente cuando puede hacer cumplir la ley, proteger a la gente y prestar servicios, no cuando simplemente tiene una placa en la puerta. El octavo comportamiento es la fragmentación institucional, o dicho más fácil, un Estado donde cada entidad trabaja por su lado. Ministerios que no se hablan, políticas que se cruzan, esfuerzos repetidos y muchas veces decisiones que no parecen hacer parte de un mismo Gobierno. Gobernar no puede ser simplemente poner a funcionar veinte ministerios al mismo tiempo, también es lograr que todos sepan para dónde van.

Y el noveno punto probablemente sea el que termina condicionando todo lo demás: la capacidad fiscal restringida. Según el libro el nuevo Gobierno recibió unas finanzas bastante apretadas. El Ministerio de Hacienda reportaba una caja cercana a los $16 billones al 31 de mayo de 2026 frente a un rango histórico que el mismo documento ubica entre $30 y $40 billones, mientras la proyección de cierre llegaba a $7,1 billones. También se habla de un déficit del Gobierno Nacional Central del 6,4 % del PIB en 2025, de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025-2027 y de tasas de colocación de TES entre el 13 % y el 15 %. A eso hay que sumarle vencimientos importantes de deuda en 2026, 2029 y 2030 y encargos fiduciarios por alrededor de $113 billones que, según la Contraloría citada en el documento, podrían estar mostrando una ejecución presupuestal mayor a la caja realmente disponible. En palabras sencillas, el Gobierno dice que recibió menos margen para gastar, deuda cara y muchos compromisos ya amarrados.

Ahora, todo esto puede sonar demasiado técnico hasta que uno empieza a mirar los casos concretos. Hay cuatro que me parecen suficientes para entender por qué el documento insiste tanto en estos patrones. El primero es infraestructura de transporte. Según el libro en 2025 se apropiaron $12,13 billones para inversión y se ejecutaron cerca de $4,52 billones, dejando más de $7,6 billones sin convertirse efectivamente en infraestructura. Caminos Comunitarios para la Paz habría llegado a 4.087 kilómetros frente a una meta de 33.102 y en el programa aeroportuario ASAES seis de catorce aeródromos tenían contratos activos o en ejecución con cerca del 50 % de ejecución financiera pero un avance físico promedio inferior al 2 %. Uno puede darle todas las vueltas técnicas que quiera pero la pregunta al final es muy básica ¿de qué sirve tener una ejecución financiera del 50 % si el aeropuerto prácticamente no existe?

El segundo caso es nuevamente ciencia y creo que no necesita demasiado comentario: $3,8 billones, 407 proyectos y uno aprobado. El tercero es la DIAN. El documento habla de dos contratos tecnológicos por más de $310.000 millones que no estarían funcionando plenamente y cuya entrega incluso se proyecta hasta 2028. Lo que me parece más difícil de explicar es que antes ya existía un Plan de Modernización que habría ejecutado $333.853 millones entre 2019 y 2024 y reportaba un avance del 95 %. Ahí algo no cuadra. Si de verdad la modernización iba en 95 % entonces cuesta entender por qué seguimos hablando de sistemas que necesitan modernizarse y de nuevos contratos por cientos de miles de millones. Ese contraste entre lo que decía el indicador y lo que terminó pasando es precisamente uno de los problemas que el libro intenta mostrar.

El cuarto caso es el Ministerio de Igualdad y FonIgualdad. Según el documento se habrían comprometido $1,77 billones, equivalentes al 87,8 % de una apropiación cercana a $2,01 billones, pero durante tres vigencias no se habría registrado una sola obligación ni un pago en SIIF. También se mencionan traslados presupuestales cercanos a $669.000 millones respecto de los cuales el reporte analizado no habría encontrado el acto administrativo correspondiente. Si esas cifras terminan siendo confirmadas por los organismos competentes habrá muchas explicaciones que pedir. Porque comprometer recursos no es lo mismo que ejecutar una política pública y ese parece ser uno de los problemas de fondo que atraviesa todo el documento: durante años confundimos gastar en el papel con hacer cosas en la realidad.

Después de leer el libro creo que termina cumpliendo dos funciones. La primera es evidente, mostrar lo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella dice haber recibido y construir un relato sobre el estado en que encontró la administración. Pero también le sirve para explicar por qué dice que quiere gobernar distinto y ahí viene algo que me parece incluso más interesante que las críticas al Gobierno anterior: el propio Gobierno acaba de ponerse una vara bastante alta. Si habla de recuperar el mérito tendrá que demostrarlo cuando nombre funcionarios, si critica cifras infladas o poco verificables tendrá que permitir que revisemos las suyas y si cuestiona la falta de resultados tendrá que mostrar resultados. No se puede sacar una regla para medir al anterior y guardarla cuando llega el turno propio.

Hasta aquí está la radiografía general. Detrás de esos nueve comportamientos todavía hay contratos, decisiones administrativas, funcionarios, recursos públicos y actuaciones que seguramente darán mucho más de qué hablar y que serán tema de la segunda parte. Por ahora, después de leer el “Libro de la Verdad”, me queda una idea por encima de todas: el problema no es solamente cuánto dinero pudo haberse perdido, quedado quieto o ejecutado mal. Tal vez el problema más grave es cuánto Estado se perdió por el camino.