El Gobierno del Presidente Petro fue hostil con Antioquia. No deja buen recuerdo en las mayorías, ni deja ninguna obra importante. Fue cicatero con el desarrollo del Departamento; y fue incapaz de construir diálogo con el Alcalde de Medellin, con el Gobernador, y con dirigentes sobresalientes de la región. El Gobierno Petro quedó eternamente mal calificado en la memoria de los antioqueños.
Antioquia, tierra de minería desde hace más de 500 años, gozó de una Delegación Minera, que la Gobernación manejó por años con responsabilidad y eficiencia. El Gobierno de Petro le quitó esa Delegación Minera, y centralizó en Bogotá los temas de minería. Fue un retroceso enorme; una herida a la descentralización y a las autonomías regionales. Un gobierno que concentre las decisiones que afectan las regiones, se ve vetusto ante el mundo. El centralismo es una respuesta al pasado; no es una respuesta al futuro.
Antioquia tiene 1.200.000 hectáreas de su territorio en explotación minera o en concesiones ya autorizadas, o sea, más del 18% del territorio antioqueño está en manos de la minería. Además, Si se aprobaran todas las solicitudes mineras en fila, el 63% del territorio antioqueño quedaría entregado a la minería. Tremendo reto, pues en todas las zonas mineras de Antioquia, legales o ilegales, hay pobreza ambiental, miseria humana y violencia inhumana.
Con tanta riqueza de la minería, no se ha logrado comunidades progresistas, con futuro esperanzador. Se necesita un gobierno ilustrado, que sea capaz de exorcizar esa frase maldita: Pueblo de mina, pueblo de ruina. La Minería si es una locomotora económica, pero si no se hace buena minería, será como el Caballo de Atila, Othar, que por donde pasaba no volvía a crecer la hierba.
El retorno de La descentralización de la minería es vital para resolver los problemas complejos, que en estos cuatro años se han agravado más. El Presidente Abelardo de la Espriella, debería el 7 de agosto, ordenar que la Delegación Minera regrese a Antioquia, y ordenar Planes de Desarrollo Minero conjuntos entre departamentos y nación, para construir buena minería, que haga pueblos prósperos y en paz.
Aquí, Es urgente crear una política PARA LOS PEQUEÑOS MINEROS. El Estado libra una guerra silenciosa de más de 100 años contra los mineros pequeños tradicionales. En esa guerra nadie gana; solo ha dejado desolación y una incultura de ilegalidad que supera y suplanta al Estado. Las zonas de minería de oro no se pacificarán hasta tanto no haya dignificación y caracterización eficiente de los mineros tradicionales. El 70% del oro extraido es ilegal; este dato muestra el fracaso eterno del Estado.
De otro lado hay que obligar a que se hagan Cierres Técnicos de las Minas. Ni las grandes mineras legales ni los pequeños mineros ancestrales, hacen cierres técnicos para recuperar el medio ambiente que destruyeron para enriquecerse. Todos, legales e ilegales, ricos e informales, abandonan las minas cuando les escurren su riqueza.
También, El nuevo Gobierno debe obligar y facilitar la Bancarización de la Minería, para todo tipo de empresas y comercios de minería. La Cultura de legalidad total para la minería exige total bancarización.
La minería da prioridad a las ganancias, y no al progreso de los pueblos: Mineros ricos y pueblos pobres NO es lo que quiere Colombia.
Hay mucho por hacer primero debemos llegar ala alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquía
El gobierno de Petro no solo toma decisiones vetustas, como lo indica el Dr. Pérez; son sesgadas en su ya desgastada «lucha social», sin norte y sin ideales para un pueblo nostálgico y hambriento de una «igualdad y justicia» que vio en él una oportunidad de cambio. Un cambio que solo lo beneficia a él y a los suyos, mermelando a su gabinete y a su entorno, olvidando así para quién gobernaba y quién lo eligió. Además, la región de Antioquia y temas tan trascendentales como la minería y el medio ambiente se encuentran abandonados con alevosa intención. Estos sectores deberían ser la llave para el progreso y avance de una tradición minera de más de 500 años (como lo afirma el Dr. Pérez en su artículo), no solo con el deber de hacer crecer la riqueza en los recursos naturales, sino también en el entorno y calidad de vida de sus pobladores, para así vencer la aterradora idea de que: «Pueblo de mina, pueblo de ruina».Ojalá que el nuevo gobierno, que inicia el 7 de agosto de 2026, asuma esta problemática no solo desde la perspectiva ambiental para aliviar el impacto que el gobierno de Petro ocasionó con los grupos ilegales, sino que en este artículo viera una luz. Esto permitiría no solo dar un salto ambiental, sino también la oportunidad de obtener progreso para el gremio minero, tanto el ancestral y tradicional (familiar) como el de las multinacionales que realizan la explotación legal. Asimismo, se busca lograr un impacto positivo en la salud para los habitantes de las zonas donde se encuentran estas minas. Así, el Estado colombiano, en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella, será quien destierre la ruina y el daño ambiental para sus regiones y pobladores. Esta es la oportunidad para que las regalías no sean de manejo exclusivo del nivel central, sino que beneficien directamente a sus pobladores, siendo estos resarcidos con ciudadelas de salud, educación y calidad humana…
Antioquía con este cambio perdió autonomía ya no fiscaliza entra en una decadencia no es la misma
Através del tiempo