El acuerdo de paz de 2016 no fue un triunfo de la democracia. Fue una farsa. Vendido a los colombianos como el fin de la guerra, terminó siendo la legalización del terror, la consagración de la impunidad y el primer capítulo de una historia más oscura y sangrienta. La historia no lo recordará como un noble intento de reconciliación, sino como una traición política cuyas consecuencias mortales han culminado en lo impensable: el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El mal llamado acuerdo de paz nunca fue sobre la paz: fue sobre el poder. Las FARC, una organización terrorista que secuestró niños, puso bombas en plazas, traficó cocaína y masacró pueblos, fue premiada con curules garantizadas en el Congreso y legitimidad internacional. Mientras las víctimas lloraban sobre las tumbas de sus seres queridos, sus verdugos entraban al Capitolio vestidos de políticos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en su escudo: un tribunal diseñado para producir confesiones sin consecuencias, disculpas sin castigo. La justicia fue sacrificada en el altar de la conveniencia política.

Y lo más grave: cuando el pueblo fue consultado en plebiscito, el 2 de octubre de 2016, la mayoría votó por el NO. Los colombianos expresaron su rechazo a un acuerdo que percibían injusto, desigual y lleno de privilegios para los criminales. Sin embargo, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el Congreso traicionaron esa decisión soberana. Con maniobras políticas y de espaldas al voto popular, impusieron el SÍ a la fuerza, aprobando el acuerdo a pesar de que había sido derrotado en las urnas. Fue un golpe a la democracia, un desprecio absoluto por la voz del pueblo, y la primera gran herida de legitimidad que marcó a este proceso desde su origen.

La mentira central del acuerdo fue que el desarme significaría seguridad. La verdad es que la violencia nunca se fue; simplemente cambió de uniformes y de nombres. Los disidentes de las FARC se reagruparon, se rearmaron y retomaron las regiones cocaleras. El ELN expandió su poder. Nuevas mafias narco-paramilitares emergieron. Hoy, los colombianos en las zonas rurales siguen viviendo bajo el mismo terror—solo que ahora el Estado lo llama “posconflicto.” El narcotráfico, que supuestamente debía reducirse, floreció. Los campesinos que recibieron promesas de sustitución de cultivos fueron abandonados. Sin alternativas reales, regresaron a la coca. Como resultado, Colombia produce más cocaína hoy que antes del 2016.

Peor aún, el acuerdo fortaleció al crimen transnacional. Las rutas del narcotráfico se multiplicaron, expandiéndose hacia México, Centroamérica, Europa y África. Mafias internacionales encontraron en Colombia un socio debilitado y complaciente. Grupos criminales como el ELN, las disidencias y los carteles operan hoy como engranajes de una red global de lavado, contrabando, minería ilegal y trata de personas. Lejos de aislar la violencia, el proceso de paz convirtió a Colombia en epicentro de un crimen organizado que ya no reconoce fronteras.

La mayor indignidad de este experimento fallido fue infligida a las víctimas. Madres de soldados asesinados, padres de niños secuestrados, comunidades masacradas y desplazadas—todas fueron obligadas a aceptar la “justicia restaurativa.” En lugar de ver a los asesinos condenados, los vieron posesionarse como congresistas. El Estado, que había jurado defenderlos, ahora les exigía aplaudir su propia humillación. Las víctimas fueron traicionadas no una, sino dos veces: primero por los terroristas que destruyeron sus vidas, y luego por el gobierno que abandonó la justicia.

El costo de esta traición no ha sido teórico—se ha pagado en sangre. Desde 2016, miles de líderes sociales y excombatientes han sido asesinados. El campo colombiano se ha convertido en un cementerio para quienes creyeron en las falsas promesas del gobierno. Y ahora, la tragedia ha llegado a su clímax más aterrador: el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un joven candidato presidencial que se atrevió a defender los valores conservadores, la seguridad y el orden. Su asesinato no es un hecho aislado. Es la consecuencia predecible del clima tóxico creado por los acuerdos y por la cobardía del Estado. Al empoderar a los terroristas, legitimar su discurso y presentar a los defensores del orden como enemigos de la paz, los líderes de Colombia construyeron el escenario sobre el cual el asesinato de Uribe Turbay se volvió posible. Su sangre mancha no solo las manos de sus asesinos, sino también las páginas de ese infame acuerdo.

El proceso de paz no unió a Colombia; la destrozó. Dividió al país en campos irreconciliables: los que aceptan la impunidad como precio de una paz falsa y los que la ven por lo que es—una rendición. Desde 2016, las elecciones han estado envenenadas por esa polarización, paralizando gobiernos y fracturando la nación. Mientras tanto, la credibilidad internacional de Colombia se desplomó. Lo que antes se aplaudía como un “modelo de paz” hoy se revela como un edificio podrido y vacío.

Pero la historia empieza a dar un giro. Hace unos días, la Registraduría Nacional admitió la inscripción de un comité ciudadano que busca, mediante referendo, derogar este proceso de paz que nunca trajo paz. Es la señal más clara de que los colombianos ya no están dispuestos a vivir encadenados a un acuerdo que legitimó el crimen, fortaleció tanto a las mafias locales como al crimen organizado internacional, y fue impuesto en contra de la voluntad popular. La ciudadanía exige recuperar la justicia, rescatar la democracia y cerrar para siempre este capítulo de engaño.

Eliminar este marco fallido no significaría eliminar la paz—significaría crear las condiciones para una paz real. Colombia dejaría de estar sometida a un acuerdo que institucionalizó el crimen. Disolver la JEP restauraría la igualdad ante la ley, asegurando que los terroristas enfrenten condenas reales en lugar de penas simbólicas.

Revocar los privilegios políticos de las FARC limpiaría al Congreso de actores ilegítimos que ganaron poder con balas, no con votos. Terminar con los acuerdos liberaría al Estado para perseguir la verdadera seguridad. Permitirá una ofensiva frontal contra los disidentes, los carteles y las mafias de la minería ilegal.

Significaría redirigir recursos al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía y la justicia—instituciones que sí protegen a los colombianos. Los campesinos, en vez de ser abandonados en programas de sustitución fracasados, podrían recibir alternativas legales y viables respaldadas por una presencia real del Estado. Y a nivel internacional, Colombia recuperaría credibilidad, demostrando al mundo que no premia a terroristas, sino que defiende la democracia.

El veredicto es ineludible: el proceso de paz fracasó. Fracasó en brindar seguridad. Fracasó en desmontar las economías ilegales. Fracasó en honrar a las víctimas. Fracasó en proteger la democracia colombiana. Y fracasó en contener al crimen transnacional, al contrario: lo alimentó y lo fortaleció.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay es la prueba trágica e irrefutable. Demuestra que la supuesta paz no pacificó a Colombia: envalentonó a sus enemigos. La incapacidad del Estado de proteger incluso a un candidato presidencial expone los acuerdos como la farsa que siempre fueron. Si Colombia tiene el valor de eliminar este marco podrido, y ahora con el impulso de un referendo ciudadano que podría sepultar de una vez por todas esta mentira histórica, el país podrá comenzar de nuevo—no con capitulación, sino con justicia, orden y fuerza. La verdadera paz nunca vendrá de premiar a los asesinos. Solo vendrá de su derrota.

Se necesitan 2.056.780 firmas válidas para que este referendo sea llevado a las urnas y ahí el pueblo reafirme lo que siempre quiso y votó- ¡NO a los acuerdos de La Habana!