Colombia vive un momento de inflexión en materia de seguridad. Desde el 7 de agosto, la Fuerza Pública ha retomado la iniciativa con una intensidad que el país no veía hace años. Según el balance presentado por el presidente Abelardo De la Espriella, desde esa fecha se registran 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. Hay operaciones simultáneas en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra las disidencias de las Farc y el ELN, y más de 500 militares fueron desplegados en Santa Marta y sus alrededores para enfrentar la ofensiva de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Pero el Estado ha aprendido, a un costo muy alto, que la ofensiva militar es solo una de las batallas. La otra se libra en los despachos judiciales, en los organismos de control y en la opinión pública. Y es en esa segunda batalla donde el soldado colombiano sigue peleando desarmado.

El enemigo cambió de terreno

El precio que pagan las tropas en el campo es conocido. Entre enero y septiembre de 2026, las Fuerzas Militares reportaron 418 ataques con drones, que dejaron 25 uniformados muertos y más de 340 heridos. Hace apenas cinco días, tres soldados profesionales fueron asesinados en La Macarena, Meta, por la activación de un campo preparado con explosivos improvisados. Menos visible, aunque igual de corrosivo, es el daño que se produce después del combate.

Los grupos armados ilegales y las redes del narcotráfico entendieron hace tiempo que no necesitan derrotar al Ejército en el terreno para neutralizarlo. Les basta con sembrar la duda. Una denuncia temeraria, un testimonio fabricado, una comunidad presionada para rodear a la tropa o una narrativa difundida en redes sociales antes de que llegue el primer investigador pueden sacar de circulación a un pelotón entero, frenar la carrera de un comandante o paralizar una operación durante años. Es lo que la doctrina militar llama guerra jurídica: usar las instituciones del Estado de derecho como arma contra el propio Estado.

El efecto más dañino de esa estrategia no es la condena injusta. Es la parálisis. Un oficial que sabe que cualquier decisión táctica puede costarle una década de procesos, el embargo de su salario y el estigma de su familia termina dudando en el momento en que no puede dudar. Esa vacilación salva vidas de criminales y cuesta vidas de soldados y de civiles.

La seguridad jurídica como capacidad militar

Por eso resulta acertado el enfoque que empieza a abrirse paso en el sector defensa. Un documento de reflexión de un alto oficial con experiencia en mando operacional, reseñado por 360 Radio, lo resume con precisión: la seguridad jurídica funciona como un multiplicador del poder de combate. No es un favor corporativo a los uniformados; es una capacidad estratégica, tan importante como la inteligencia técnica o los sistemas antidrón.

El Gobierno parece haberlo entendido. El ministro de Defensa, Jorge Mora, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, respaldaron públicamente el Estatuto Antiterrorista impulsado por el presidente, y en el Congreso el Centro Democrático radicó un proyecto de acto legislativo para crear una revisión automática de las sentencias de la JEP contra militares y policías, sin depender de la capacidad económica o de la defensa técnica del procesado.

Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se articulan en una política integral. Esa política debería descansar sobre cuatro pilares.

El primero es la prueba desde el primer minuto. La presencia permanente de policía judicial en las unidades tácticas permitiría documentar cada operación con estándares forenses, cámaras corporales y cadena de custodia. La mejor defensa de un soldado inocente es la evidencia recogida en el sitio, no la reconstrucción tardía hecha por quien tiene interés en desacreditarlo.

El segundo es una defensa técnica institucional, gratuita, especializada y permanente. No es aceptable que un cabo tercero que cumplió una orden legítima tenga que costear su abogado con el sueldo de un soldado mientras las estructuras criminales financian a sus litigantes con dinero de la cocaína.

El tercero es el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar como juez natural de los actos propios del servicio, con jueces independientes, bien formados en derecho operacional y DIH, y con reglas claras para dirimir los conflictos de competencia con la justicia ordinaria.

El cuarto es la sanción ejemplar a la instrumentalización de la justicia. El falso testimonio y la denuncia temeraria contra la Fuerza Pública deben investigarse con la misma energía con la que se investiga al uniformado. Quien usa un juzgado como trinchera debe responder por ello.

Blindaje no es impunidad

Hay que decirlo con claridad, porque de eso depende la viabilidad del proyecto: seguridad jurídica no significa inmunidad. El propio presidente lo planteó al hablar a las tropas al exigir disciplina, honor y respeto por la ley, y advertir que la autoridad de la Fuerza Pública será más respetada en la medida en que su conducta sea más recta.

Colombia no puede olvidar la herida de los falsos positivos. Precisamente por eso, la protección jurídica debe diseñarse para separar con nitidez al soldado que actúa dentro de la ley del criminal que se escuda en el uniforme. Un sistema que proteja a ambos por igual no sería seguridad jurídica, sino una bomba de tiempo que terminaría por destruir la legitimidad de la institución y, con ella, la protección de todos sus miembros. El respaldo del Estado a sus soldados es más creíble, y más duradero, cuando también es implacable con quienes deshonran el uniforme.

Una ventana que no estará abierta siempre

El momento político es favorable, pero las ventanas se cierran. Las ofensivas militares producen resultados rápidos, mientras que las reformas institucionales requieren años. Si el país no aprovecha este impulso para construir un andamiaje jurídico sólido, perdurable y respetuoso de los estándares internacionales, la próxima ola de denuncias, o el próximo cambio de gobierno, puede devolver a las tropas al mismo estado de desprotección e incertidumbre.

Los grupos narcoterroristas apuestan a eso: a que el Estado se canse, se divida o se enrede en sus propias normas. La respuesta no puede ser menos Estado de derecho, sino un Estado de derecho que funcione a favor de quienes lo defienden. El soldado que sale cada madrugada a enfrentar drones y campos minados merece saber que, si cumple la ley, la ley estará de su lado.